Congresistas que mientan serán vacados.

Un nuevo proyecto de ley que busca reformar la Constitución ha sido presentado por la bancada de Renovación Popular, generando un intenso debate en el ámbito político. Esta iniciativa, impulsada por el legislador Esdras Medina, propone la posibilidad de destituir a congresistas, presidentes y gobernadores regionales en casos de “engaño o perjurio grave”, marcando un cambio significativo en las normas que regulan la conducta de los funcionarios electos.

El proyecto modifica el artículo 113 de la Constitución, que establece las causas de vacancia presidencial, añadiendo una nueva causal: el “engaño o perjurio grave”. De aceptarse, esta reforma permitiría a un legislador ser removido no solo por incapacidades físicas o morales, sino también por presentar información falsa en su hoja de vida o por ocultar lazos conflictivos en su gestión, lo cual podría resultar en la pérdida inmediata de su cargo. “Mentirle al país podría costar el cargo”, ha declarado Medina, subrayando la gravedad de este tipo de faltas.

La propuesta también implica cambios en el artículo 95 de la misma Constitución, que hasta ahora garantizaba la irrenunciabilidad de los congresistas. Con las nuevas estipulaciones, un congresista podría ser vacado por el Jurado Nacional de Elecciones o a través de una votación en el Congreso, requiriendo el apoyo de dos tercios de los miembros. De igual manera, se extenderían estas normativas a los gobiernos regionales, permitiendo que un gobernador sea removido bajo las mismas condiciones.

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Este enfoque radical responde a un contexto de desconfianza y descontento ciudadano hacia las autoridades. “La iniciativa podría marcar un antes y un después”, menciona Medina, planteando un periodo en el cual los propios legisladores deberán confrontar la posibilidad de ser juzgados por sus acciones. La pregunta que queda pendiente es si los miembros del Congreso se atreverán a respaldar esta reforma, sabiendo que podría alterar el equilibrio de poder a su favor o en su contra.

El proyecto se encuentra actualmente bajo evaluación en el Parlamento, donde los legisladores deberán decidir si continúan bajo la sombra del miedo a la retribución política o si abrazan una medida que busca restaurar la confianza en la política. Así, el futuro del proyecto dependerá de la voluntad política de quienes, precisamente, son sus potenciales afectados.